Resumen: PRIMERO. - El Auto que hoy es objeto de recurso ha acordado a tribuir a la Dña. Nicolasa, la facultad de decidir sobre la vacunación contra el Covid, de los menores Faustino y Feliciano.
Resumen: Protección de datos personales. BBVA. Principios de transparencia y consentimiento. Se examinan con detalle cinco reclamaciones por tratamiento inadecuado de datos de carácter personal. La Sala recoge un examen detallado de los hechos acaecidos. Inexistencia de indefensión e infracción del principio de presunción de inocencia, por el hecho de recogerse en el acuerdo de incoación el importe de las posibles sanciones a imponer. Afirma la Sala que la concreción inicial de la sanción efectuada en ese momento inicial del acuerdo de inicio es meramente provisional y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. Competencia separada entre instrucción y decisión del procedimiento. Inexistencia de caducidad del procedimiento, toda vez que cabe la realización de actuaciones previas de investigación y no ha existido paralización del procedimiento. Por otra parte, señala la recurrente la existencia de una suerte de causa general contra BBVA, se afirma que se ha hecho uso de un procedimiento sancionador para sentar una nueva doctrina acerca del alcance de las obligaciones de información y la base jurídica de los tratamientos llevados a cabo por la recurrente. Principios de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Principio que es una proyección de la necesidad de certidumbre que debe guiar el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración. La infracción potencial no encuentra encaje en las infracciones de la LOPD.
Resumen: Recurre la empresa su condena por despido improcedente bajo un motivo de nulidad de sustentado en la supuesta falta de motivación e incongruencia de una sentencia que aprecia el incumplimiento del requisito de puesta a disposición indemnizatoria que no fue alegado explícitamente. Motivo que se rechaza al tratarse de un alegato recogido en demanda. En su análisis de la extinción acordada por causas económicas vinculadas al COVID advierte el Tribunal que si la empresa prueba que concurren causas ETOP de naturaleza estructural y no meramente coyuntural, aunque estén relacionadas con la pandemia, deberá proceder al despido colectivo y no a una suspensión de contratos. Y en el caso de litis concurren circunstancias estructurales pues la empresa era adjudicataria del servicio-comedor de una residencia de ancianos y si bien en un principio su cierre se vio amparado por una situación transitoria derivada del COVID, finalizado el estado de alarma, por decisión de su titular permaneció cerrado, de forma ininterrumpida hasta que se produjo el vencimiento de la contrata; por lo que la causa económica pasó de ser coyuntural a estructural, concurriendo causas justificativas de la extinción contractual impugnada. Y siendo así que la empresa aporta indicios suficientes de su falta de liquidez (tiene reconocido el derecho de justicia gratuita y el despido se acuerda tras un periodo de 9 meses de inactividad en un contexto de carencia de volumen de ventas) se declara su procedencia.
